El espejismo acampa sobre las cifras de la movilidad eléctrica en España. El último informe elaborado por AEDIVE señala que durante el curso pasado el número de puntos de recarga de acceso público para vehículos sin emisiones aumentó casi cuarenta puntos porcentuales, pasando de 13.000 a 21.500. A esto hay que añadir otros 7.400 que llegaron a instalarse pero que a día de hoy permanecen inoperativos. Aunque la escalada resulta significativa, el sector todavía mira con recelo esas cifras, teniendo en cuenta, que el objetivo del Ministerio de Transición Ecológica para este año era llegar a las 100.000 infraestructuras de este tipo en el mes de diciembre, asunto harto improbable.
El desencanto crece si se pone el foco sobre el motivo que tiene paralizada la puesta en marcha de gran parte de estos puntos de recarga. AEDIVE sostiene que se trata de un problema de carácter burocrático, y es que existen administraciones públicas que no están facilitando la tramitación de licencias a las empresas que se ocupan de prestar el servicio. En esta misma sintonía se mueve la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, que reconoce el despliegue de la infraestructura, pero lamenta que todavía se den trabas administrativas para electrificar el transporte.
Aunque viajar por el territorio nacional en coche eléctrico es posible, lo cierto es que la experiencia del usuario en este sentido podría agilizarse bastante si el proceso de concesión de licencias fuera más rápido, algo indispensable para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Esto es al menos lo que se defiende desde AEDIVE, que sostiene que en estos momentos el gobierno tiene bloqueadas unas doscientas solicitudes de compañías que buscan poner en funcionamiento su particular red de electrolineras. No se trata de una cifra precisamente desdeñable, puesto que equivale a unos 40.000 puntos de recarga y 6.000 millones de inversión.
En el panorama actual son dos las empresas que lideran el sector, Iberdrola y Endesa X Way. La primera de ellas cuenta con casi 2.000 puntos pendientes de aprobación, mientras que la segunda, con 4.000 instalados, todavía mantiene una quinta parte de la infraestructura pendiente de los permisos necesarios, que normalmente tardan en llegar un par de años. Un parón, en definitiva, que ni la industria ni los usuarios pueden asumir, y que difiere mucho del modus operandi de otros segmentos en los que las tramitaciones de esta índole son mucho más dinámicas. Sin ir más lejos, en el mundo del entretenimiento online, las casas de apuestas con licencia en España de esta lista actualizada se enfrentan a múltiples requisitos técnicos, jurídicos y económicos para obtener la licencia oportuna que concede la Dirección General de Ordenación del Juego, y no por ello asumen plazos de espera tan dilatados en el tiempo.
Con la idea de suavizar el impacto de este escenario de atasco en torno a la movilidad, el gobierno acaba de mover ficha a través una serie de cambios en la regulación que complementan a los que ya se produjeron en años anteriores. En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó el pasado mes de marzo la modificación de la Orden Ministerial por la que se regula la construcción de instalaciones de servicio. La reforma pretende simplificar el cauce administrativo por el que se conceden los permisos para habilitar los puntos de recarga en la red de carreteras del Estado.
A partir de ahora, para que las empresas interesadas puedan desarrollar su actividad como electrolineras sólo tendrán que presentar una declaración responsable. En ella, deberán acreditar su titularidad con respecto a los puntos de carga eléctrica y mostrarse conformes con el hecho de que un tercero proceda a la instalación de los mismos. Una medida que nace sobre todo para reducir los plazos de resolución de los expedientes y de la que ya se está beneficiando el sector. Desde Transport & Environment (T&E), la organización no gubernamental en favor de la movilidad sostenible, valoran positivamente esta reacción política y esperan que el ministerio siga cocinando intervenciones similares que favorezcan la evolución hacia un transporte más respetuoso con el medio ambiente. Los datos confirman que el coche eléctrico ha llegado para quedarse. El anuario presentado por AEDIVE deja claro que las matriculaciones de vehículos enchufables puros e híbridos aumentaron el año pasado casi un 21%, lo que deja una flota de más de 325.000 unidades con estas características. Son números, esta vez sí, que cumplen con la previsión fijada por el gobierno, que tenía en mente alcanzar las 250.000 a finales de 2022. Tampoco defraudan en este sentido las ayudas que la Comisión Europea tiene previsto lanzar para el impulso del automóvil eléctrico, puesto que destinará más de 800 millones de euros a financiar la fabricación de baterías en España
¿Inoperancia administrativa?, Esperemos que las nuevas medidas aceleren el proceso de concesión de puntos de carga.